Un Bicentenario que no lo es...

Estamos acostumbrados ya, a fuerza de una machaconería que no parece terminar jamás, a ver el movimiento juntista que se dio en Santiago en 1810 como el inicio de la Independencia nacional, como el hecho pivotal sobre el cual descansa el comienzo de nuestra vida republicana y democrática. La realidad puede darnos un pasmo de narices.
Para 1808, el Imperio español se encontraba en un creciente estado de agitación. La sociedad santiaguina (que es la que en realidad cuenta como la representativa del Reyno de Chile) experimenta un escalofrío generalizado al enterarse de las noticias sobre la invasión de España por parte de los ejércitos de Napoleón Bonaparte y enseguida todo el Reyno se conmociona al enterarse de que Fernando VII, su soberano, ha sido apresado y puesto en cautiverio por Napoleón. Es la época en que Francisco García Carrasco asumía como Gobernador de Chile y sería el último Gobernador del período de la colonia. Sus relaciones con Martínez de Rozas y el escándalo de la fragata Scorpion, donde hubo un asesinato y e suplantó la identidad del Marqués de Larraín, anularon definitivamente la poca autoridad que tenía, obligándolo a renunciar, el 16 de julio de 1810.
El militar más antiguo del Reyno de Chile en esa época era Mateo de Toro Zambrano y Ureta, Conde de la Conquista, por lo que éste debió tomar interinamente el mando.
Para esos entonces, se había propagado fuertemente entre los criollos el movimiento juntista, es decir, el de reemplazar a la Gobernación española por una Junta de notables que conservara el Reyno mientras duraba el cautiverio del Rey.
El gobernador interino Mateo de Toro Zambrano y Ureta, aceptó la convocatoria a un Cabildo. Contrariamente a lo que la mitología nacionalista dice, no fue tan abierto ni menos todavía democrático, porque fue con invitación. La sesión comenzó a las nueve de la mañana del día 18 de septiembre de 1810 y terminó a las tres de la tarde, siendo nombrado presidente de la Junta de Gobierno que se constituyó el mismo Mateo de Toro Zambrano y Ureta, en ese momento gobernador del Reyno, un hombre provecto de 82 años de edad, y quien fue, por lo mismo, el último gobernador realista del período de la Colonia.
El objetivo verdadero de esta Junta de Gobierno no era la independencia de Chile, sino cuidar y mantener la colonia que era el Reyno de Chile en ese entonces, para el Rey, mientras que éste se encontraba prisionero debido a la invasión napoleónica de la Península y la usurpación de su trono por José Bonaparte, rey nombrado por Napoleón.
La esquela de invitación decía: "Para el día 18 del corriente, espera a usted el muy ilustre señor Presidente con el ilustre ayuntamiento en la sala real tribunal del Consulado, a tratar de los medios de seguridad pública, discutiéndose allí qué sistema de gobierno debe adoptarse para conservar siempre estos dominios al señor don Fernando VII". Puesto esto en contexto, de independencia, nada. No fue el tema ni el objetivo. Se trataba de salvaguardar los intereses del rey Fernando VII, prisionero de Bonaparte en esos momentos.
“En la muy Noble ciudad de Santiago a diez y ocho dias del Mez de Septiembre del año de mill ochocientos diez - El Muy Ilustre Señor Presidente y Señores de su Cabildo congregados con todos los Gefes de todas las corporaciones, Prelados de las Comunidades Religiosas, y vecindario Noble de la Capital en la sala del Real Consulado: Dixeron que siendo el principal objeto del Govierno y del Cuerpo representante de la Patria el orden, quietud, y tanquilidad Publica perturvada notablemente en medio de la incertidumbre aserca de las noticias de la Metropoli que producian una divergencia peligrosa en las opiniones de los ciudadanos se habia adoptado el partido de consiliarlas a un punto de unidad combocandolos al Magestuoso congreso en que se hallavan reunidos para consultar la mejor defensa del Reyno y sosiego comun conforme a lo acordado y teniendo a la vista el Decreto de treinta de Abril Escpedido por el Supremo Concejo de Regencia en que se niega toda provicion y audiencia en materia de gracia y justicia quedando solo expedito su despacho en las de Guerra con concideracion a que la misma Regencia con su manifiesto de catorce de Febrero ultimo ha remitido el de la instalacion de la Junta de Cadiz advirtiendo a las Americas que esta podra servir de Modelo a los Pueblos que quieran elegirse un Govierno representativo digno de su confianza y proponiendose que toda la discordia de la capital provenia del deseo de tal establecimiento con el fin de que se examinase y decidiese por todo el Congreso la legitimidad de este negocio: oydo el Procurador General que con la mayor energia expuso las Deciciones legales y que ha este Pueblo asistia las mismas prerrogativas y derechos que a los de España para fixar un Govierno igual especialmente quando no menos que aquellos se halla amenazados de enemigos y de las intrigas que hacen mas peligrosa la distancia nesecitado a precaverlas, y preparar su mejor defenza : con cuios antesedentes penetrado el Muy Ilustre Señor Presidente de los propios conocimientos, y ha exemplo de lo que hizo el Señor Governador de Cadiz; depositó toda su autoridad en el Pueblo para que acordase el Govierno mas digno de su confianza y mas a proposito a la observancia de las Leyes, y conservación de estos Dominios a su legitimo Dueño y desgraciado Monarca el Señor Don Fernando Septimo en este solemne acto todos los Prelados Gefes, y Vecinos tributandole las mas expresivas Gracias por aquel magnanimo desprendimiento, aclamaron con la mayor efucion de su alegria y armoniosa uniformidad que se estableciese una junta presidida [ tarjado ] del mismo Señor Conde de la Conquista en manifestación de la gratitud que merecía a este Generoso Pueblo, que teniendole a su frente se promete el Govierno mas feliz la Paz inalterable y la seguridad permanente del Reyno:.” (Acta del Cabildo de Santiago, 18 de septiembre de 1810. [Se ha conservado la grafía del original.].).
Conviene tener presente que, a diferencia de lo que nos dicen las versiones mitológicas y tergiversadas de la historia de Chile, aquí, en esta cita del Acta del Cabildo, la frase “el pueblo” se refiere única y exclusivamente a los vecinos nobles, es decir, peninsulares y criollos de primera línea, con títulos nobiliarios y con grandes fortunas, las que debían, por supuesto, al modelo político y económico imperante en esos momentos. Lo que ahora se llamaría “el pueblo” no tuvo injerencia alguna en la constitución de la Junta de gobierno de 1810. Por otra parte, la referencia a la ciudad de Santiago “como muy Noble” quiere decir, precisamente, muy leal al Rey, de quien habían derivado todos sus privilegios y títulos.
Pero tampoco la constitución misma de esta primera Junta Nacional de Gobierno es un hecho local, nuevo, inédito ni menos todavía propio. Se estaba siguiendo el modelo impuesto por la “Junta Provisional Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata a nombre del Señor Don Fernando VII”, constituida en Buenos Aires el 25 de mayo de 1810 tras la destitución del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros como consecuencia de la llamada Revolución de Mayo, y de la Junta establecida en Cádiz, España, con los mismos fines. La influencia del éxito de la constitución de la Junta de Buenos Aires fue un hecho absolutamente gravitante sobre los miembros de la nobleza del Reyno de Chile, y fue lo que les dio el impulso necesario para pronunciarse en este sentido.
En Buenos Aires, como luego en Santiago, la Junta no se presentó como una ruptura con el orden preexistente y una declaración de independencia sino como una continuidad de la soberanía del monarca Fernando VII, prisionero en Francia. El movimiento juntista chileno, como el bonaerense, se basó en la teoría de la retroversión de la soberanía, expuesta por Juan José Castelli en el Cabildo Abierto del 22 de mayo, en Buenos Aires, y el derecho de los pueblos a conferir la autoridad o mando en ausencia del monarca legítimo. En España se habían formado ya Juntas de Gobierno bajo ese mismo principio, que desconocían la autoridad del rey José Bonaparte, impuesto por Napoleón en reemplazo del “Deseado”. Por lo tanto, la Junta de Gobierno desconoció, por el solo hecho de haberse constituido, la autoridad del Consejo de Regencia de España sobre el territorio americano, basándose, por una parte, en su falta de representatividad en lo que respectaba a los territorios americanos de la Corona y, por otra parte, en su falta de legitimidad, ya que el órgano que le había transmitido sus poderes, la Junta Suprema Central, no disponía de las facultades necesarias para hacerlo.
Entonces, el día 18 de septiembre, el Gobernador interino del Reyno, Mateo de Toro Zambrano, hizo destacar las diferentes tropas con que contaba en puntos estratégicos, lo que dio a la ciudad el aspecto inédito de la ocupación militar. La Cañada (actual Alameda) quedó cubierta desde San Diego hasta San Lázaro por el regimiento de la Princesa, al mando de Pedro Prado, con orden de impedir toda entrada al interior de la ciudad. El regimiento del Príncipe, a las órdenes del Marqués de Montepío, fue distribuido en diferentes lugares: tres compañías se colocaron en las cuatro calles que llevaban al Consulado; la compañía veterana de Dragones de la Reina ocupó la cuadra que hay desde el Consulado hasta la Plaza de Armas, teniendo al frente una de milicias del regimiento del Rey, en tanto que las restantes compañías del regimiento del Príncipe se destinaron a custodiar el Cuartel de San Pablo y a patrullar por todas las calles de la ciudad. El regimiento del Rey guarneció toda la Plaza de Armas, y una de sus compañías fue destinada a la Plazuela del Consulado, en cuyo punto estaba Juan Miguel Benavente con su compañía veterana de Dragones de la Frontera, teniendo al frente a Juan de Dios Vial, Comandante General de Armas, y a los dos Ayudantes Mayores de Plaza, quienes impedían toda comunicación y tránsito por aquellos puntos. Las puertas exteriores e interiores del edificio del Consulado tenían centinelas dobles. La tropa tenían orden de sólo permitir la entrada al Consulado a las personas que presentaran la esquela o papel de convite, con entera exclusión de toda clase y signidad. Obviamente, la ciudad estaba sumida, prácticamente, bajo el estado de sitio.
El Gobernador interino, presentó su renuncia al mando del Reyno con estas sencillas palabras: “Aquí está el bastón, disponed de él y del mando.”
En definitiva, y como es bien sabido, Mateo de Toro y Zambrano, presidente, representaba al rey; José Antonio Martínez de Aldunate, vicepresidente de la junta, obispo de Santiago, representaba a la Iglesia; Fernando Márquez de la Plata, Consejero de Indias, primer vocal de la junta, representaba a los europeos juntistas; Juan Martínez de Rozas segundo vocal, representaba a la aristocracia de Concepción; Ignacio de la Carrera, tercer vocal, representaba a la aristocracia de Santiago. Como puede verse, el pueblo, la gente común, para variar, no tuvo ninguna participación en este Cabildo ni en sus decisiones.
Aún cuando continuaba primando el deseo de la aristocracia criolla de conservar la soberanía del Rey, el Cabildo de 1810 fue la primera vez en que tomaba el control de su propio país, experiencia que derivaría, con el tiempo, en una afirmación de sus propios derechos frente a la monarquía española. En ese sentido, no pasó mucho tiempo hasta que sonaran de manera ya decidida arengas patrióticas que incitaran a una radicalización del proceso y una ruptura definitiva con la metrópolis hispana. El llamado a elecciones para un Congreso Nacional, la creación del primer periódico nacional, La Aurora de Chile, y el apoyo de otros movimientos juntistas, sobre todo el de Buenos Aires, que sería decisivamente gravitante, iniciarían una marcha que sólo se detendría unos diez años después con la formación de una entidad nacional independiente y soberana.
En esa oportunidad, como consta del Acta de la sesión, “Todos los cuerpos Militares, Xefes, Prelados, Religiosos, y Vecinos juraron en el mismo acto obediencia y fidelidad a dicha junta instalada asi en nombre del Señor Don Fernando Septimo a quien estara siempre sugeta conservando las autoridades constituidas, y empleados en sus respectivos destinos.”
En efecto, la Junta de “señores Europeos”, como califica José Miguel Infante a los reunidos en el Cabildo, se había instalado en nombre del Rey de España Fernando VII de Borbón y para defender sus derechos hereditarios sojuzgados por Napoleón. Probablemente ese era el deseo sincero de la mayoría de los participantes en la asamblea. En el acta de instalación se presentaba este acto como algo estrictamente legal y permitido, además, por las autoridades que gobernaban en España en nombre del Rey. Los vocales de la nueva Junta, cuando prestaron juramento, lo hicieron señalando “obedecer las antiguas leyes de la monarquía y de defender este reino hasta con la última gota de sangre, de conservarlo al señor Don Fernando VII, a quien debía estar siempre sujeto, de reconocer al supremo concejo de regencia y de mantener las autoridades constituidas y los empleados en su respectivos destinos”.
Todas las actuaciones de la Primera Junta de Gobierno terminaban con juramentos y promesas de lealtad y sometimiento al Rey legítimo y con vivas al Rey.
Fueron las actuaciones de José Miguel Carrera y los exaltados, posteriormente, las que primero trataron de cargar la balanza hacia la ruptura con España y con el Rey y hacia la Independencia nacional.
Desafortunadamente, los ejércitos realistas enviados desde Lima, apoyados por la derecha nacional, lograron que los sueños de la Independencia nacional fueran ahogados en el Desastre de Rancagua, que significó la restitución de la autoridad real y la reinstalación de las instituciones coloniales.
Tuvieron que pasar otros tres años hasta que, en 1817, el Ejército Libertador de los Andes, organizado en Mendoza, capital de Cuyo, por el general José de San Martín, derrotara a las fuerzas realistas y a la derecha nacional, y recomenzara el proceso de independencia nacional a partir de acciones bélicas, las que durante un buen tiempo oscilaron entre el triunfo y la derrota, de la mano de la lealtad de la derecha nacional a la causa del Rey y al Imperio español.
El mito y la leyenda forjados por quienes después dirigieron la vida nacional, dirán otra cosa. Pero los hechos no pueden ser cambiados.
La declaración de la Independencia nacional, ocurrió, en todo caso, el 12 de febrero de 1818, en la ciudad de Talca, y fue proclamada por Bernardo O’Higgins, contrario a lo que deseaba la derecha política de ese momento que, finalmente, le pasaría la cuenta mandándolo al exilio al Perú, del que siempre había dependido Chile.
Entonces, ¿qué es lo que realmente celebramos este 18 de septiembre de 2010? Obviamente no es la Independencia nacional ni mucho menos doscientos años de vida independiente, republicana y democrática. Eso es solamente para contribuir al mito nacionalista con que la gente común ha sido engañada desde hace muchos años, a lo menos desde que la derecha de este país derrocó y exilió a Bernardo O’Higgins.